 Proxenetas en la ONU: «Un escándalo de derechos humanos » por Kat Banyard
Traducción: Maura Lopez Original: A Human Rights Scandal – http://www.faber.co.uk/.../a-human-rights-scandal-by-kat.../ Miércoles 14 octubre de 2015 La vice-presidenta de un organismo que oficialmente asesoró a una instancia superior de la ONU sobre su política en materia de prostitución fue encarcelada a principios de año, tras haber sido hallada culpable de trata con fines de esclavitud sexual. ¿Porqué entonces Amnistía Internacional está a punto de adoptar sus propuestas políticas? Imagen : En el brazo de la sobreviviente Mia de Faoite está tatuada la fecha en que dejó la prostitución El jueves 12 de marzo de 2015 en México, Alejandra Gil, 64 años, fue hallada culpable del delito de trata de personas y condenada a quince años de prisión. Gil habría dirigido una operación de proxenetismo que explotaba alrededor de 200 mujeres. Conocida con el nombre de "Madame Sullivan", era una de las proxenetas más poderosas de Sullivan Street, un barrio de México donde prolifera la prostitución. Gil y su hijo estaban vinculados a una red de traficantes del Estado de Tlaxcala, calificado de "epicentro del tráfico sexual" en México. Madai, una mujer traída a México para la trata, era una de las personas que iban a declarar contra Gil. Hablando con una periodista en México, dijo "el papel [de Gil] era vigilarnos desde su auto. Su hijo o ella nos llevaban a hoteles y nos facturaban los gastos. Ella llevaba los libros. Tenía una lista donde anotaba todo. Anotaba hasta la duración de nuestras prestaciones". Madai conoció a su traficante a los 19 años, "Me sedujo, me enamoré y creía todo lo que me decía. Que iría a vivir con el, que nos casaríamos... El fue quien me entregó a Alejandra Gil y a su hijo". Héctor Pérez, el abogado de las víctimas en el proceso de Gil, me dijo que le habían dado 15 años porque recibía a las víctimas de la trata y las engañaba para explotarlas en el ejercicio de [la prostitución]. Amnistia International también hace referencia al NSWP (Network of Sex Work Projects) Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual y al Grupo Consultativo que copreside en su proyecto de política a favor de la descriminalización de prostíbulos – propuesta que fue condenada por supervivientes de la prostitución y grupos pro-igualdad en todo el mundo, entre ellos las organizaciones SPACE International, Women’s Aid y la Coalition Against Trafficking in Women. La política de Amnistia, que debe finalizar este mes, cita "organizaciones de derechos humanos" que aprueban su propuesta. Ellos dicen que "un gran numero de organizaciones y redes de trabajadoras sexuales, incluyendo el Global Network of Sex Work Projects, apoyan la descriminalización del trabajo sexual". ¿Como pudo suceder esto? ¿Como pudo una proxeneta llegar al segundo puesto de dirección en una organización internacional que tiene estatus oficial de asesora de agencias de Naciones Unidas en materia de prostitución y ser citada como referencia y autoridad en el proyecto de política de Amnistia International? ¿Acaso "Madame de Sullivan" dejó de lado sus intereses de proxeneta cuando hacía sus demandas a los gobiernos e instituciones internacionales en nombre de NSWP? No tuvo necesidad de hacerlo. NSWP hace campaña por la descriminalización de "terceras partes" de la prostitución. Dicha categoría comprende, declaran, "los administradores, los encargados de prostíbulos, y cualquier otra persona considerada como facilitadora del trabajo sexual".[i] La organización también subraya que "los trabajadores sexuales pueden ser empleados, empleadores o participar en toda una gama de relaciones de trabajo". [ii] Según la política de NSWP, Alejandra Gil era, en tanto que proxeneta, una "trabajadora sexual" cuyo rol preciso en la industria sería el de «gerente». La organización milita por que el proxenetismo y la administración de prostíbulos sean legalmente reconocidos como un trabajo legitimo. Para ocupar su rol como vice-presidenta de NSWP, Gil no tuvo que esconder sus intereses como proxeneta, ella tenía el poder de promoverlos. Estos intereses fueron promovidos con un éxito sorprendente a través de ciertas instituciones de mucho renombre en el mundo de la defensa de los derechos humanos. Un hecho que ocurrió en 2007 permite comprender la manera en que el grupo de Gil logró su objetivo. Ese año ONUSIDA publicó una «Nota de Orientación» sobre la forma en que los países debían reaccionar a la crisis del VIH en el contexto del comercio sexual. El organismo concluyó entonces, con razón, que para luchar contra la crisis del VIH, era importante combatir la demanda de prostitución: "es posible y oportuno instaurar un cambio social y en consecuencia un cambio de comportamiento de los hombres para reducir la demanda de trabajo sexual". Sin sorpresas, esta recomendación fue mal recibida por la organización de Gil, que expresó su «preocupación», a través de un grupo de trabajo, en relación con "el énfasis puesto en la reducción de la prostitución" en el informe [iii]. Inexplicablemente, ONUSIDA reaccionó designando al NSWP – que abiertamente promueve el proxenetismo y la administración de prostíbulos como un "trabajo" común – como co-presidente de su nuevo Grupo Consultativo sobre HIV y Trabajo Sexual. Una versión revisada de la Nota de Orientación de ONUSIDA fue debidamente publicada, esta vez con un anexo preparado por el Grupo Consultivo. Se podía leer la siguiente recomendación : "Los estados deberían tomar distancia de cualquier criminalización del trabajo sexual y actividades asociadas. La despenalización del trabajo sexual debería incluir la anulación de leyes y sanciones penales para la compra y venta de sexo, la gestión de trabajadores sexuales y prostíbulos y otras actividades vinculadas al trabajo sexual". Este informe se convirtió en referencia obligada de las organizaciones que multiplican las presiones sobre los gobiernos con el objetivo de legalizar el proxenetismo y la administración de prostíbulos El modelo jurídico que defiende el NSWP – la descriminalización total del comercio sexual – es la política que los dirigentes de Amnistia Internacional aprobaron en agosto y que piensan adoptar como política oficial este mes-. Amnistia sostiene que su política es el resultado de dos años de investigación y que es la mejor alternativa disponible para proteger los derechos humanos de las personas a las que ciertos hombres pagan por sexo. Habiendo yo misma pasado los dos últimos años investigando el comercio sexual y preparando un libro, puedo afirmar con seguridad que sugerir que los investigadores de Amnistia han "ligeramente errado el tiro" es muy poco decir para calificar la parodia que constituye el proyecto político de la organización. La administración de prostíbulos, el proxenetismo y la compra de sexo son formas de explotación sexual comercial. Amnistia Internacional está a punto de llamar a la despenalización de una forma de violencia contra las mujeres al autorizar a los estados asumir un rol parecido al de un proxeneta, con la homologación de prostíbulos y la imposición fiscal a las mujeres que allí se encuentran. Como escribe Esohe Aghatise, directora de la lucha contra la trata en la organización Equality Now : «Es chocante que un traficante condenado pueda influenciar una política, que es en si misma incompatible con los derechos humanos y el derecho internacional. Debemos ponerle punto final a la demanda que alimenta la trata para fines sexuales, en vez de despenalizar a los que lucran con la explotación ajena. Las agencias de Naciones Unidas necesitan con urgencia aclarar su postura sobre el comercio sexual, en particular a la luz de estos nuevos elementos de prueba contundente». No cabe duda de que las personas a las que se paga por sexo deberían ser totalmente descriminalizadas. Pero aquellos que las explotan sexualmente – los proxenetas, dueños de prostíbulos y compradores de sexo – no deben serlo. Ellos son agresores y no emprendedores o consumidores. Mia de Faoite, una superviviente de la prostitución, me dijo personalmente : «Dejé la prostitución completamente destrozada como ser humano y no puedo concebir que ese nivel de violencia pueda ser considerado como un trabajo». El hecho de que la traficante condenada Alejandra Gil y su organización hayan estado tan estrechamente vinculados en los procesos de decisión de agencias de ONU es nada menos que un escándalo en materia de derechos humanos. Evidentemente, ONUSIDA debe llevar adelante de forma urgente una examen transparente y profundo de todas las políticas que NSWP orientó, e investigar como esto ha podido suceder. En cuanto a Amnistia Internacional, sería deplorable ver que la organización continúa con su llamado a una total despenalización de la industria del sexo, porque no debería ser necesario una condena por trata, de una de las principales promotoras de la legalización de prostíbulos y proxenetismo, para darse cuenta de quién se beneficia cuando los estados legalizan el proxenetismo. Por Kat Banyard, autora de Pimp State: Sex, Money and the Future of Equality, Estado proxeneta: sexo, dinero y futuro de igualdad, a publicar en 2016. Siga a Kat en Twitter y Facebook.
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