La gestación subrogada no es una cuestión de los derechos de los gays, sino de las mujeres.

Por: Mary Hickman

Texto original: https://www.feministcurrent.com/2020/04/19/surrogacy-is-not-a-gay-rights-issue-its-a-womens-rights-issue/?fbclid=IwAR1H945lhH6xM_pour2O0VrDkNSwtSOiJZCVydPMPrsT5DxvDuGT6kfNTUc

Traducción: Joan Marco Perales
Colaboración: Liliana M. Forero Montoya


El Estado de Nueva York aprobó, a toda prisa, un proyecto de ley que legalizaba la gestación subrogada comercial, a pesar de la oposición constante de organizaciones feministas.

El 2 de abril de 2020, el gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, aprobó un proyecto de ley que legaliza la gestación subrogada comercial, pese a la oposición de las activistas por los derechos de las mujeres y otros legisladores. La ley Child-Parent Security Act (CPSA) se adhirió a un plan presupuestal que se aprobó con prisas como consecuencia de la pandemia del COVID-19 para así poder ofrecer la baja por enfermedad en el Estado de Nueva York, el más afectado por la pandemia en los Estados Unidos. En un aparente intento de evitar que el proyecto de ley sobre la gestación subrogada fuera rechazado por segunda vez.

El año pasado, los legisladores del Estado de Nueva York dieron por perdida la ley CPSA, después de que Gloria Steinem escribiera una carta abierta al gobernador Cuomo, en la que describía los riesgos de salud y problemas éticos que esta industria presenta. Steinem opinaba lo siguiente:

“Cualquier ley que legalice y permita lucrarse de la invasión de un cuerpo humano –por ejemplo, ser donante de órganos u óvulos o ser vientre de alquiler para su inseminación y 9 meses de gestación– debe tener más garantías que las que presenta esta ley. Desde la primera menstruación hasta la menopausia, esta ley podría convertir los cuerpos de las mujeres más desprotegidas, tanto ciudadanas estadounidenses como inmigrantes con y sin papeles, en centros de explotación económica”.

Además, en mayo de 2019 más de un centenar de activistas feministas del Estado de Nueva York firmaron una carta en la que se muestran contrarias a la ley CPSA. Entre ellas se encuentra Taina Bien-Aimé, directora ejecutiva de la Coalición Contra la Trata de Mujeres. Según Bien-Aimé:

“Tanto la gestación subrogada como la prostitución son impulsadas por industrias. Por un lado, tenemos las empresas de gestación subrogada y, por el otro, la industria de la explotación sexual, con ingresos millonarios y su propio lobby. Ambas prosperan gracias a las vulnerabilidades de las personas más desprotegidas, especialmente de las mujeres discriminadas por el racismo. Ambas generan beneficios gracias una demanda en auge por los cuerpos de las mujeres, vistos como mercancías. Además, ambas abren la puerta a la trata de personas con fines sexuales y reproductivos”.

El año pasado, Deborah Glick, miembro de la asamblea de Nueva York y primera mujer abiertamente lesbiana en la asamblea de Nueva York en 1991, argumentó en The Newk York Times que la gestación subrogada no tiene que ver con los derechos LGTB. “Si tenemos en cuenta la cantidad de dinero necesario, no creo que sea un problema que preocupe a la gran mayoría de personas LGTB… Es un embarazo por una tarifa y la comercialización de las mujeres me parece preocupante”.

Aunque el Estado de Nueva York es uno de los tres de EEUU que no había legalizado aún la gestación subrogada, la legislación local ya permitía lo que se conoce como “gestación subrogada altruista”, cuando una madre esté dispuesta a ser voluntaria para dar a luz y entregar a su hijo a una familia en concreto. La legislación de Nueva York también protege la posibilidad de la mujer de quedarse con el hijo al que ha dado luz, si cambia de opinión. La CPSA ha eliminado este derecho: “La ley deja claro que las donantes no tienen derechos maternales u obligaciones y que dichos derechos y obligaciones son de los futuros progenitores”.

La ley, que se refiere a las madres como “portadoras gestantes”, no ofrece ningún tipo de protección frente al tráfico o explotación entre fronteras de las mujeres más marginalizadas. Para que a una mujer se le considere “portadora gestante”, esta solo debe haber vivido en Nueva York durante 90 días. No se requiere ninguna verificación sobre los antecedentes, es decir, cualquiera podría traficar mujeres de cualquier país a Nueva York como “portadoras gestantes”.

No obstante, la ley CPSA se redactó con algunas buenas intenciones. Por ejemplo, la ley permite específicamente a la madre que tome sus propias decisiones en lo que concierne a su salud, cosa que previamente no era un derecho en los contratos de gestación que se redactaban en otros países. Permitir a clínicas y progenitores monitorizar la dieta y el ejercicio de la mujer ha sido la norma en muchos países donde se practica la gestación subrogada, como en la India, además de negarle a la mujer una indemnización por incumplimiento del contrato cuando se considera que la mujer ha sido negligente con su salud. Sin duda alguna, en este aspecto, los senadores responsables de la redacción de esta ley pensarán que son progresistas y, posiblemente, que “tienen compasión”. Sin embargo, no queda claro por qué un Estado donde la gestación altruista es legal intentaría avanzar hacia la legalización de los úteros de alquiler comerciales. Del mismo modo, es desconcertante que la gestación subrogada se haya enmarcado en la lucha por los derechos LGTB y no en un problema que afecta a los derechos de las mujeres.

Brad Hoylman, senador del Estado de Nueva York y uno de los principales partidarios de la ley CPSA, es un hombre gay que compró a sus dos hijas gracias a una “portadora gestante”. También apoyó una ley que buscaba legalizar la venta de leche mamaria para crear una industria centrada en la leche mamaria y, además, apoya la legalización de la trata y explotación sexual.

En un artículo de Buzzfeed, el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo declaró:

“Si prohibimos la reproducción asistida, estamos diciéndole a la comunidad LGTBQ y a las personas que luchan con la infertilidad, que no pueden tener decendencia en su propio Estado.”

Las declaraciones de Cuomo no son muy precisas y parece que buscan engañar. La reproducción asistida se refiere específicamente a insertar en el cuerpo de una mujer un embrión fertilizado con el que ella no tiene ningún tipo de conexión genética. La gestación subrogada per se no está prohibida en Nueva York, es la gestación subrogada comercial y la reproducción asistida las que actualmente están prohibidas. Legalmente, una mujer puede presentarse como voluntaria para dar a luz a un bebé de otra pareja mediante la fecundación in vitro o concepción natural siempre que no se le compense económicamente.

En la reproducción asistida existe la posibilidad de que se usen los cuerpos de dos mujeres: la que dona su óvulo, a la que se le administran poderosas hormonas que dejen su cuerpo en un estado temporal de menopausia y así cosechar mejor sus óvulos, y una segunda mujer que acepta el embrión fertilizado y portar el feto. Los únicos motivos contemplados por los que los futuros padres pudiesen necesitar viajar fuera del Estado sería en situaciones relacionadas con el trasplante embrionario o si ninguna mujer está dispuesta a actuar como “portadora gestante” sin una coerción económica.

Cuomo, junto a los partidarios de la industria de la gestación subrogada, están intentando que el asunto se vea como un avance en los derechos LGTB. Después de que Taiwán decidiese legalizar el matrimonio igualitario en 2018, las empresas dedicadas a la gestación subrogada estadounidenses inundaron el país con sucursales. Una organización de Nueva York, Men Having Babies (MHB, “Hombres que tienen bebés”), organizó en 2019 su primera conferencia en Taipéi para promocionar el alquiler de vientres de mujeres estadounidenses por parte de hombres chinos. MHB hace presión de forma activa para cambiar las leyes internacionales sobre la gestación subrogada. Por ejemplo, en 2019 esta organización estadounidense organizó otra conferencia en Bélgica, donde se afirmó que los hombres gay tienen derecho a pagar para usar los cuerpos de las mujeres y que estas den a luz por ellos.

Ron Poole-Dayan, fundador y director ejecutivo de MHB, dijo en un artículo de la Fundación Thomson Reuters que:

“Durante los últimos tres años hemos sido testigos de un auge en el interés de futuros padres asiáticos (en su mayoría chinos) que vienen a Estados Unidos en busca de una subrogada. La gente se está dando cuenta de que ser gay no significa que no van a poder tener una vida plena que incluya formar una familia y tener decendencia”.

La gestación subrogada es un asunto de los derechos de las mujeres, y no un derecho humano de los hombres homosexuales. Esta percepción elimina a las mujeres del centro de la discusión y redefine el derecho de los hombres al acceso de las funciones reproductivas de las mujeres como una causa lamentable para suscitar la simpatía de los posibles progresistas. La mayor parte de las parejas de lesbianas no necesitan alquilar el cuerpo de una mujer urgentemente. Incluso las parejas infértiles tienen otras opciones, como la fecundación in vitro, aunque el uso de drogas en este tipo de tratamiento puede aumentar el riesgo de sufrir fibromialgia, cáncer de ovario o una enfermedad mortal conocida como el síndrome de hiperestimulación ovárica. La decisión de tomar estos riesgos se debe, presuntamente, al propio deseo de la mujer de tener un hijo, y no debido a la coerción económica para producir un hijo para otra persona (aunque la coerción de la pareja masculina para usar la fecundación in vitro también sucede). Por tanto, es bastante obvio que la industria de los vientres de alquiler confiere el mayor beneficio a parejas de hombres y mujeres infértiles. Ninguno de ellos tiene que pasar por los numerosos riesgos de salud que sufren las mujeres que dan a luz con un contrato de subrogación.

Aunque el Partido Demócrata apoyó la CPSA y tanto medios de comunicación como políticos la defendieron por proteger los derechos de la comunidad LGTB por defender su “derecho” a formar una familia, la CPSA se basa en los mismos principios que usan los conservadores para controlar la capacidad reproductiva de las mujeres: por ejemplo, que el derecho a tener un hijo con el ADN de los padres (también conocido como “la plena certeza sobre la paternidad”) es prioritario a las libertades, la salud y la vida de las mujeres.

Lo que sí es un asunto relacionado con los derechos LGB es la facilitación de la adopción ética y la lucha contra la discriminación contra las parejas del mismo sexo; la gestación subrogada está fundamentalmente relacionada con los cuerpos de las mujeres y nadie, sin importar su orientación sexual, tiene el derecho a pagar por usar el cuerpo de una mujer. Es un flaco favor para las mujeres y a la población LGB, calificar la posibilidad de alquilar los vientres de las mujeres como un derecho - estrechamente relacionado con la atracción a las personas del mismo sexo. Las leyes que quieren regular esta industria muestran su homofobia cuando excluyen la donación de esperma, que beneficia a las parejas lesbianas, o al prohibir la adopción para parejas del mismo sexo. Las mujeres deben exigir que este debate se centre en los derechos de las mujeres, o seguirán ligados a los derechos sexuales de los hombres.

Pero, y tal vez para esconder esta realidad, el lenguaje usado en la CPSA tuvo que dar muchas vueltas para borrar el sexo biológico. Los legisladores demócratas hicieron numerosos cambios donde la ley hablaba de “madre”, cambiando el término por “portador gestante” o “la persona que dio luz”. Esta terminología refleja explícitamente el modo en el que los activistas antiabortistas conservadores ven a las mujeres, como “cuerpos anfitriones”, por ejemplo. En este caso, “portador gestante” se usa para referirse a la mujer cuyo cuerpo se usará para gestar el embrión fertilizado que no contiene su ADN, aunque “ la criada” puede ser un término más apropiado.

Del mismo modo, se han eliminado y cambiado muchos ejemplos de términos como “mujer”, “hombre” y “paternidad”:

“La [mujer] persona subrogada genética acepta que se le insemine con el semen de  [un hombre]  una persona que no es su [esposo] cónyuge o que se le inyecte un embrión fruto del óvulo fertilizado de [la] una subrogación genética, que se habrá fertilizado con el esperma de una [un hombre] persona que no es su [esposo] cónyuge”.

Se está retorciendo el lenguaje a propósito para esconder de qué trata el problema realmente: básicamente, legalizar la gestación subrogada comercial aseguraría el derecho de los hombres a saber que su hijo es su descendiente genético. Esto no es nada nuevo, sino la base del patriarcado. Durante siglos, los hombres han subyugado a las mujeres para asegurar su paternidad.

En un artículo de Fair Observer, Dianne Post explicó:

“La madre biológica no la puede sustituir otra persona. Ella es la madre. O eso decía la ley en todos los países del mundo hasta ahora. Siempre supimos quién era la madre: era la que daba a luz. Esa es la primera definición de ‘madre’. No estábamos tan seguros sobre el padre, que es el motivo por el que las libertades de las mujeres se han visto limitadas, para que así ellos pudieran estar seguros de su estirpe. Ahora, gracias al ADN, sabemos a ciencia cierta quién es el padre. Por tanto, la primera ‘victoria’ del movimiento pro- alquiler de úteros fue cambiar la definición de ‘madre’ y eliminar a la mujer que da a luz de la ecuación. Cuando se usa la palabra ‘subrogada’ en la persona equivocada, se debilita la posición de la madre biológica, pero no se eleva la posición de la otra mujer. En realidad, lo que se eleva es la posición del donante de esperma, la única persona con derechos”.

En realidad, la subrogada es cualquier persona excepto la madre que cría al niño. Es decir, la industria de los úteros de alquiler se refiere a la madre biológica como “el progenitor inadecuado” y le confiere autoridad y legitimidad al padre o a los futuros padres. Es así como se revela el verdadero objetivo de esta industria: la mercantilización del cuerpo femenino para usar su capacidad reproductiva y así proteger la “certeza sobre la paternidad” y replicar el material genético del hombre.

Esto es especialmente preocupante, dado que no hay registros oficiales sobre el número de mujeres que mueren en la industria de los úteros de alquiler. Michelle Reaves murió en enero debido a complicaciones en un parto en el que actuaba como subrogada. Reaves falleció a causa de una enfermedad conocida como “embolia de líquido amniótico”. Según una declaración del Centro de Bioética y Cultura (CBC, Center for Bioethics and Culture):

“Los últimos estudios han demostrado que los embarazos subrogados son diferentes y presentan un mayor riesgo. Los estudios demuestran que las mujeres embarazadas con óvulos donados (como es el caso de la gestación subrogada) tienen el triple de posibilidades de desarrollar hipertensión y preeclampsia como consecuencia del embarazo”.

Todos los embarazos subrogados se califican, médicamente, como “alto riesgo” debido al uso de hormonas, e incluso la donación de óvulos supone un riesgo ante la posibilidad de sufrir endometriosis, infertilidad o el síndrome mortal de hiperestimulación ovárica.

Al aprobar la CPSA a escondidas y adjuntarla al plan presupuestal del Estado de Nueva York para ayudar a aquellos que están sufriendo las consecuencias económicas de la pandemia, los legisladores neoyorkinos están diciendo, alto y claro, que han decidido ignorar deliberadamente la oposición de las mujeres a la industria de los úteros de alquiler; y que confieren más valor al capital y al derecho de los hombres a usar los cuerpos de las mujeres, que a la seguridad y salud de las mujeres. La subrogación es una industria depredadora con ánimo de lucro, aunque llame a la bondad de las mujeres con términos como “compasión” y “altruismo” o explote a las mujeres marginalizadas con necesidades económicas. Esto convierte los cuerpos de mujeres y bebés en una mercancía que satisface el deseo de los ricos de tener un hijo que tenga su material genético.