Debemos cuestionar la propuesta para la descriminalización del tráfico sexual

​Artículo original: http://community.scoop.co.nz/2018/03/proposal-to-decriminalise-sex-trafficking-must-be-challenged/
 
Traducción: Joan Marco Perales
Colaboración: Gio Cerutti
 
22 de marzo de 2018
 
Opinión – Reene Gerlich
 
El Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda (NZPC, por sus siglas en inglés) quiere derogar el artículo XIX de la Prostitution Reform Act (PRA). Este artículo relaciona la PRA con la ley de inmigración, que básicamente prohíbe a cualquier persona que no sea ciudadana de Nueva Zelanda explotar a mujeres o entrar en la prostitución. Este artículo de la PRA criminaliza la forma más lucrativa de explotación sexual: la trata de personas. Actualmente, algunos periodistas como Lincoln Tan, del periódico New Zealand Herald, denuncian el incumplimiento de esta ley en cuanto al tráfico sexual. No hace falta que digamos que eliminar la ley acabaría con el imperativo de investigar cualquier incumplimiento de esta. La NZPC sostiene que, de algún modo, esto beneficiaría a las mujeres que han sido traficadas.

Anteriormente ya hemos denunciado en Scoop que, desde que se aprobó la PRA en 2003, el artículo XIX se ha incumplido. El Informe sobre el Tráfico de Personas señala a Nueva Zelanda como fuente y destino de tráfico sexual constante. Estos informes, junto al trabajo de Tan y Christina Stringer, demuestran que a las mujeres se les trafica a Nueva Zelanda desde China, Hong Kong, Japón, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea, Latinoamérica y Europa del Este. En estos casos, la trata incluye sobornos, coerción, que incluye actos sexuales sin protección (las mujeres son responsables de ello, de acuerdo con la PRA), amenazas de deportación, servidumbre por deudas, confiscación del pasaporte, hacinamiento y horarios de 16 horas. Incluso en el contexto del movimiento #metoo y #meetoonz, la vertiente neozelandesa, no se ha producido ningún escándalo público.
 
Sin duda, necesitamos leyes que protejan mejor a las mujeres. Debemos entender algunas cosas antes de considerar si eliminar el artículo XIX mejoraría la situación actual.
 
Lo primero que tenemos que entender es la relación entre la ley actual y el tráfico sexual, qué constituye el tráfico sexual y qué lo motiva. A menudo el tráfico sexual se ve como algo distinto a la prostitución porque implica el cruce de fronteras a nivel internacional. Sin embargo, habría que preguntarse por qué cruzar la frontera debería implicar necesariamente la explotación. Al fin y al cabo, la exrepresentante de la NZPC, Anna Reed, ha calificado el tráfico sexual como unas «vacaciones laborales». Así que tal vez el tráfico sexual es distinto porque conlleva la fuerza: se trata de secuestros a través de las fronteras. Sí, a menudo hay secuestros, pero esta concepción es demasiado simplista. Ignora las estrategias que usan los proxenetas (como la técnica loverboy) para atraer a las mujeres hacia circunstancias nefastas que al principio parecen una «oportunidad», pero que luego resultan ser una trampa.
 
El mejor modo de entender la trata es entendiendo que no es nada más que la prostitución en su nivel más lucrativo para los proxenetas. Sabemos que en toda industria capitalista los explotadores buscan reducir costes mediante la explotación de gente vulnerable, particularmente inmigrantes y refugiados, a través de trabajo excesivo, remuneraciones demasiado bajas e inversiones mínimas en sus condiciones laborales. En la prostitución, la maximización de los beneficios supone que los proxenetas busquen usar rutas de trata para encontrar mujeres en posiciones vulnerables. Les quitan sus redes de apoyo y las trasladan a lugares donde no pueden hablar su lengua materna y donde las leyes son convenientes para poder explotarlas. La servidumbre por deudas, la confiscación del pasaporte y las amenazas de deportación son técnicas que pueden usar para mantener a las mujeres atrapadas. Los proxenetas también pueden atender la demanda machista y racista de mujeres «exóticas» a través de las rutas de trata.
 
Otra cosa que debemos entender –que también hemos explicado anteriormente en Scoop– es que la NZPC es la rama neozelandesa de la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual (NWSP, por sus siglas en inglés). La NSWP es un lobby internacional que promueve la legislación que prefieren aquellos que se lucran de la prostitución. Por tanto, la NZPC opera desde la conclusión preconcebida de que la prostitución debería ser una industria legítima, con el doble discurso que esto conlleva. Por ejemplo, se pide financiación del gobierno para «reducir la violencia» mientras que, al mismo tiempo, se niega tanto el nivel como la magnitud de la violencia que se produce en la trata sexual neozelandesa. En el caso del tráfico sexual, la NZPC lleva mucho tiempo involucrada en el proyecto orwelliano que busca ocultar el problema del racismo en el tráfico sexual y convertirlo en «trabajo sexual migrante» (o «vacaciones laborales», para citar a Reed) que puede «empoderar» a las mujeres. Al mismo tiempo, niegan que el tráfico sexual ocurra en Nueva Zelanda (como hicieron en la publicación más reciente de Women’s Studies Journal) y ahora aprovechan la urgencia del tráfico sexual («las mujeres prostituidas que son inmigrantes ilegales están demasiado ‘aterradas’ como para denunciar la explotación») para promover la eliminación del artículo XIX de la PRA.
 
El tráfico sexual ocurre en Nueva Zelanda porque aquí la prostitución es legal. La prostitución ni siquiera se ve ya como una forma de explotación, sino como «trabajo sexual», un trabajo legítimo como cualquier otro. Por tanto, ¿qué queda para investigar? ¿El acoso sexual? ¿Cómo se investiga y denuncia el acoso sexual en la trata, que prospera porque los hombres pagan para acceder al cuerpo de las mujeres de manera constante? La prostitución implica normalizar, darle glamour y legitimar el acoso sexual y el abuso. Al derogar la legislación que disuade la trata y adoptar el concepto de «trabajadora sexual migrante», simplemente se absorbe la trata en un concepto ya racista de por sí: «trabajo sexual».
 
La NZPC sí tiene razón cuando señala que, cuando se trata del tráfico sexual, necesitamos leyes que protejan a las mujeres y no tenemos ninguna. Eliminar el artículo XIX por completo simplemente hará invisible la trata y dificultará la tarea a los periodistas que están llevando a cabo investigaciones, pues no habrá incumplimientos para denunciar. Para mejorar nuestra legislación y así beneficiar a las mujeres que han sido traficadas, debemos entender que la trata es prostitución en su nivel más lucrativo y que la NZPC es un lobby de tráfico sexual con intereses en cambiar nuestra legislación para reducir el incumplimiento de la ley con el objetivo de beneficiar a los proxenetas, no a las mujeres.
 
Si la NZP actuara según los intereses de las mujeres, sus intentos de cambiar el artículo XIX no conllevarían ni denegar la existencia de la trata ni rebautizarla como «trabajo sexual migrante». Tampoco se centrarían en el miedo y terror que viven las mujeres traficadas para, así, hacer chantaje a los críticos de las soluciones que propone la NZPC. Si la NZPC actuara según los intereses de las mujeres, sus propuestas actuales no contendrían ningún tipo de silenciamiento, sino que estarían precedidas por informes sobre la trata que han descubierto, iniciado, investigado y cuestionado públicamente. Así, las voces de las mujeres que han sido traficadas y que la NZPC representa encabezarían y darían un claro apoyo a sus propuestas.
 
Necesitamos un debate crítico sobre la prostitución y, sobre todo, uno que priorice sus peores aspectos. No obstante, la propuesta de la NZPC para eliminar el artículo XIX está envuelta en el secretismo y el doble discurso: no se puede enfatizar más la necesidad de luchar contra esta propuesta. Si Nueva Zelanda permite que se haga invisible la explotación que supone el tráfico sexual, el testimonio de cualquier mujer traficada te dirá en qué espiral descendiente nos hemos metido.